El presidente de la asociación que representa a más víctimas de la dana: “Mazón es el principal responsable”

Joaquín Amills, cofundador y presidente de SOS Desaparecidos, la asociación que representa a más víctimas mortales de la dana –reúne a 170 parientes de 70 fallecidos– considera que el principal responsable de la monumental riada que el pasado octubre dejó 227 muertos en Valencia es el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, del PP.

“Me da igual qué hizo Mazón el pasado 29 de octubre. Me es indiferente si estaba en el gimnasio, comiendo o haciendo ganchillo, pero ¿por qué no estuvo al mando del Cecopi?”, critica Amills en una conversación telefónica con EL PAÍS. Su reproche alude al desembarco del president en el dispositivo de emergencias autonómico a las 20.28 horas de la aciaga jornada, cuando ya había decenas de desaparecidos, muertos y personas atrapadas en plantas bajas y garajes de poblaciones como Paiporta o Catarroja, donde las rabiosas aguas segaron 56 y 25 vidas, respectivamente.

El cofundador de SOS Desaparecidos pidió la pasada semana personarse como acusación particular en la causa que instruye la jueza de Catarroja (Valencia), Nuria Ruiz Tobarra. Y solicitará la declaración como testigo de Mazón. Amills se queja de que el jefe del Ejecutivo valenciano no aceptara comparecer voluntariamente en calidad de imputado, tal y como le ofreció la magistrada. “Él [Mazón] sabrá por qué no declara. Si no tiene nada que esconder, ¿por qué no declara?”, se pregunta con insistencia. Y califica de “un error más” que el jefe del Consell no aprobara la “emergencia catastrófica” tras las lluvias torrenciales, que recoge la Ley de Protección Civil y Gestión de Emergencias. Junto a la jefatura política, la medida hubiera convertido al popular en el “mando único” en la crisis. La omisión, sostiene Amills, no hay que enmarcarla en una acción deliberada del político para blindarse ante un eventual precipicio penal, sino en una improvisación más de una cadena durante la tarde en la que sucedió la mayor tragedia natural de Valencia.

El agujero negro del Cecopi

Otro de los agujeros negros que sorprende a Amills es que el Cecopi –el centro de emergencias autonómico que reunió a 29 instituciones el día de la dana- no levantara actas del encuentro en el que, entre otras decisiones clave, se aprobó enviar la tardía alerta a móviles. “¿Cómo puede ser que una asociación de vecinos levante actas y el Cecopi, no?”, cuestiona el representante de esta asociación sin ánimo de lucro que, en sus diecisiete años de historia, ha indagado más de 1.000 desapariciones.

Y es esta falta de constancia documental en el dispositivo de emergencias de la Generalitat, que tampoco registró en vídeo la reunión de la tarde de la dana, el origen de que la jueza pida a las instituciones que participaron que aporten sus grabaciones para reconstruir la cronología. La Delegación del Gobierno, por ejemplo, asistió al encuentro de forma telemática.

Pese a que Amills apunta a Mazón como responsable, el presidente de la entidad que representa a un tercio de los muertos del 29-O sostiene que todas las administraciones fallaron. “Somos totalmente apolíticos y renunciamos a donaciones y subvenciones públicas”, advierte. Y, por eso, sus peticiones a la jueza pasarán por requerir que se indaguen los errores en las administraciones local (ayuntamientos), autonómica (Generalitat), provincial (Diputación de Valencia) y central (Gobierno). “Si se hubiera actuado en la prevención de la emergencia, no habrían muerto 227 personas”, opina.

Baches de la investigación

Amills recuerda que SOS Desaparecidos ha detectado que no todos los 78 ayuntamientos salpicados por la gota fría de octubre carecían de planes de emergencia, tal y como obliga la ley para municipios de más de 20.000 habitantes. Y se queja de que algunas de estas localidades no hayan facilitado esta información a la entidad de víctimas para elaborar el informe pericial que aportarán en breve al juzgado de Catarroja. “Lo normal es que los ayuntamientos publicaran en sus webs sus planes de emergencia. Los consistorios no han colaborado con nosotros. Y, por eso, vamos a requerir esta documentación a través del juzgado”, adelanta.

Rechaza Amills que Salomé Pradas, exconsejera de Justicia y máxima autoridad de Emergencias de la Generalitat durante la dana, sea una “cabeza de turco”, tal y como se definió la exdirigente en un recurso de apelación contra su auto de imputación. Y sugiere que su entidad reclamará que se depuren responsabilidades en toda la cadena de mando de Emergencias del Gobierno valenciano. Por ahora, junto a Pradas, la jueza también ha imputado al que fue su número dos durante la riada, Emilio Argüeso, en una causa que indaga homicidios (castigado con entre uno y cuatro años de cárcel) y lesiones imprudentes (hasta tres de prisión).

Sobre los desaparecidos ―dos juzgados de Valencia han declarado recientemente como muertos a dos de las tres personas que estaban pendientes de localizar―, Amills recuerda que una persona, pese a que se tramite su acta de defunción, no deja de figurar como desaparecido hasta que no se halle su cuerpo o transcurra más de un siglo. “Es un tema civil y solo considera que una persona deja de estar desaparecida tras 110 años”, precisa. En su discurso, planea la idea de llegar hasta el final para conocer la verdad.

Junto a su personación como acusación particular en la causa de la dana de Catarroja, SOS Desaparecidos también ha presentado una querella en un juzgado de Hellín (Albacete) por las seis personas que perdieron la vida en la localidad de Letur a causa de la riada.

El trabajo en equipo es clave en la causa de la dana. Amills colabora con tres abogados y otros tantos expertos en emergencias. Su obsesión por hallar a las personas a las que se les ha perdido el rastro arrancó en 2008. Su hijo, entonces de 23 años, se esfumó tras salir a navegar con un amigo en Carboneras (Almería). Y hasta hoy. El caso forma parte del 5% que nunca se resuelve. “Si hubiera ocurrido hoy, sabríamos dónde está”, valora tras asegurar que conoce quién le arrebató a su vástago.

A sus 67 años, este hombre que abandonó tras el suceso familiar un negocio de minería y náutica para dedicarse a la titánica tarea de localizar a ciudadanos anónimos, sostiene que un equipo de 60 personas trabaja por la causa. Perros, drones, detectives... Y que se auto financian con aportaciones personales voluntarias y colaboraciones desinteresadas de profesionales. “Ni un familiar de una víctima de la dana ha puesto un céntimo ni lo pondrá”, presume al teléfono.