Bolsonaro, a juicio

El Tribunal Supremo de Brasil ha decidido que existen indicios sólidos para juzgar al expresidente de la república Jair Bolsonaro por liderar un intento de golpe de Estado con el que buscaba aferrarse al poder y cortar el paso por medios ilegales a su legítimo sucesor, Luiz Inácio Lula da Silva. Dos años han transcurrido desde el gravísimo ataque al corazón de la democracia en Brasilia. El ultraderechista, líder de la oposición, y siete de sus supuestos cómplices en la conspiración se sentarán en el banquillo acusados de cinco delitos, incluidos algunos de gravedad extrema como intento de abolición violenta del Estado de derecho, golpe de Estado y pertenencia a banda criminal armada. El plan golpista contemplaba también asesinar al presidente Lula y a su vicepresidente, Geraldo Alckmin. La Fiscalía coloca a Bolsonaro como líder del complot, que empezó a gestarse en 2021, en el ecuador de su mandato. Él y sus cómplices, quienes proclaman su inocencia, pueden ser condenados a más de 40 años de cárcel.

Es importante destacar que los cinco jueces de la primera sala del Supremo, que juzgarán el caso, aceptaron la denuncia por unanimidad, convencidos ante la carga probatoria ofrecida por la Fiscalía respecto a cada uno de los ocho acusados de formar el “núcleo crucial” de la asonada. El proceso destaca por su relevancia histórica. Brasil nunca ha juzgado a un antiguo presidente, o a unos generales, por golpismo. La última dictadura (1964-1985), que tanto exalta Bolsonaro, culminó con una ley de amnistía. Entre los acusados, además del expresidente (y capitán retirado), hay tres generales, un almirante, un teniente coronel y dos comisarios de policía. Por sus perfiles, este será también un juicio de gran importancia para las Fuerzas Armadas.

El detallado relato de la Fiscalía revela asimismo el papel fundamental desempeñado por parte de la cúpula militar en el momento más agudo de la crisis. La negativa de los comandantes del Ejército y de la Fuerza Aérea a adherirse a lo que consideraron una flagrante ruptura del orden constitucional hizo fracasar el intento de golpe. Pocas dudas caben sobre el asalto a las sedes en Brasilia de la Presidencia, el Congreso y el Supremo perpetrado por una turba de bolsonaristas el 8 de enero de 2023, cuando Lula cumplía una semana en el poder. Al llevar ante la justicia a los acusados de idear e instigar el asalto, las instituciones brasileñas demuestran su fortaleza. Era hora de depurar responsabilidades entre los presuntos autores intelectuales, no solo materiales, como hasta ahora.

La sala primera del Tribunal Supremo debe afrontar el juicio con ecuanimidad, rigor, especialmente aquellos dos jueces entre los cinco que hasta hace poco estaban en la órbita de Lula, uno como su abogado personal; otro, como ministro de Justicia. Ambos entraron al Supremo de su mano en este mandato y siguen con el caso tras rechazarse las peticiones de recusación presentadas por los encausados. Resulta vital que, en aras de la justicia y de preservar las instituciones, cada uno de los acusados tenga ampliamente garantizado el derecho constitucional a la defensa. La celeridad con la que avanza el caso puede reducir, pero difícilmente eliminará, el ruido político, que se irá incrementando a medida que se acerquen las elecciones presidenciales, previstas para finales de 2026. Cabe a los jueces hacer el máximo esfuerzo por abstraerse y analizar con escrupulosa frialdad las pruebas y testimonios ante un juicio trascendental para el presente y el futuro de la democracia más poblada de Latinoamérica en un momento en que estas retroceden en el mundo.